La gestión del Programa Estatal de Prevención y Control del VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Yucatán enfrenta una serie de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, favoritismo institucional y posibles conflictos de interés, que ya fueron planteados ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con las denuncias presentadas por activistas y usuarios de los servicios de salud, la administración encabezada por la Dra. Dulce María Cruz Lavadores habría privilegiado la promoción y operación del Wellness Center Mérida, desarrollado en colaboración con la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF), mientras que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e ITS (CAPASITS) permanecerían con rezagos en infraestructura, difusión e insumos.
Los denunciantes sostienen que, pese a que los CAPASITS forman parte de la red pública de salud y ofrecen servicios gratuitos desde hace más de una década, existe una escasa promoción institucional sobre sus programas, además de reportes de deterioro en sus instalaciones y problemas recurrentes en el abastecimiento de medicamentos antirretrovirales, pruebas rápidas y preservativos.
En contraste, aseguran que el Wellness Center ha recibido una intensa campaña de difusión y concentra estrategias preventivas como la Profilaxis Preexposición (PrEP) y la Profilaxis Postexposición (PEP), herramientas que, según los inconformes, aún no se encuentran plenamente implementadas para la población abierta dentro de los CAPASITS.
Las críticas también alcanzan el manejo administrativo del programa estatal. Entre los señalamientos figura la presunta remoción constante de directivos de los CAPASITS y el nombramiento del actual responsable del centro en Mérida, el Dr. Luis Tzec Villanueva, cuya designación ha sido cuestionada por considerar que no reúne el perfil especializado requerido para el cargo.
Asimismo, las denuncias incluyen acusaciones por presunto nepotismo, tráfico de influencias y abuso de funciones, al señalar un supuesto favorecimiento hacia personas cercanas dentro de la estructura del programa y una priorización de recursos y esfuerzos institucionales hacia el convenio con AHF.
Los colectivos que impulsan la denuncia consideran que estas acciones podrían constituir faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y solicitan que las autoridades competentes investiguen posibles responsabilidades.
Además de una auditoría a los convenios celebrados con AHF, exigen una revisión del destino de los recursos públicos destinados a la atención y prevención del VIH en Yucatán, al considerar que la situación impacta directamente en la calidad de los servicios que reciben cientos de pacientes en la entidad.
Cabe señalar que las acusaciones corresponden a denuncias promovidas por activistas y usuarios y, hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura pública sobre estos señalamientos.
