Yucatán acumula denuncias por presuntas irregularidades millonarias en municipios, mientras algunos expedientes llevan años entre investigaciones, archivos temporales y procesos judiciales. La pregunta es inevitable: ¿cuántos han llegado realmente ante un juez y cuántos siguen atorados en la Fiscalía Anticorrupción?
Las cuentas públicas municipales revisadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) han dejado una larga lista de observaciones y denuncias que involucran recursos públicos por varios millones de pesos.
El problema no termina cuando la ASEY presenta una denuncia.
Ahí comienza otra parte de la historia: la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán.
Y es justamente en ese punto donde surgen las preguntas incómodas.
De acuerdo con la información de los expedientes que se están revisando, existen casos de distintos municipios que permanecen en investigación, otros que fueron enviados a archivo temporal, algunos en los que se determinó el no ejercicio de la acción penal y otros que incluso llegaron ante jueces de control.
TEMAX: MÁS DE 4.3 MILLONES
En Temax aparece una denuncia relacionada con $4 millones 338 mil 605 pesos, correspondientes a pagos de energía eléctrica que, según la documentación revisada, no fueron reconocidos por la Comisión Federal de Electricidad.
El expediente aparece como investigación en curso.
MAXCANÚ: DOS CUENTAS PÚBLICAS BAJO LA LUPA
Maxcanú aparece nuevamente en los expedientes.
En la cuenta pública 2023 se señalan observaciones relacionadas con ayudas sociales por $7 millones 728 mil 584.78 pesos. La investigación continúa.
Pero el municipio también aparece en la cuenta pública 2022, con otro monto de $5 millones 400 mil 283.90 pesos, igualmente bajo investigación.
Es decir, en dos ejercicios fiscales distintos aparecen expedientes que suman más de 13 millones de pesos.
TELCHAC PUERTO: OBRAS QUE GENERAN PREGUNTAS
En Telchac Puerto aparece un expediente por una obra reportada como pagada y presuntamente no ejecutada por $714 mil 700 pesos.
También existe otro caso relacionado con diferencias entre el volumen contratado y el ejecutado, por $578 mil 741.46 pesos.
En este último asunto, la información revisada señala que la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, posteriormente aparece otra denuncia relacionada con una obra presuntamente pagada y no ejecutada por $1 millón 10 mil 588.57 pesos, cuya investigación continúa.
MOTUL: CUATRO OBRAS Y UN EXPEDIENTE QUE LLEGÓ A JUECES
Uno de los casos que más llama la atención corresponde a la cuenta pública 2021 de Motul.
Ahí aparecen cuatro denuncias relacionadas con obras presuntamente no ejecutadas por:
* $2,690,305 pesos
* $816,476.96 pesos
* $450,000 pesos
* $280,000 pesos
En conjunto, los cuatro montos ascienden a $4 millones 236 mil 781.96 pesos.
Y aquí hay una diferencia importante respecto de otros expedientes: la información pública disponible señala que las cuatro denuncias fueron judicializadas.
Es decir, estos casos sí dieron el salto de la investigación ministerial hacia los tribunales.
PETO: MÁS DE 8.8 MILLONES Y ARCHIVO TEMPORAL
En Peto aparece otro expediente por $8 millones 807 mil 855.35 pesos, relacionado con recursos cuya comprobación fue requerida por el órgano fiscalizador.
De acuerdo con la información revisada, el asunto fue enviado a archivo temporal.
Y aquí nuevamente surge una pregunta legítima: ¿qué circunstancias jurídicas llevaron a esa determinación y qué tendría que ocurrir para que el expediente pudiera reactivarse?
SUDZAL: MÁS DE UN MILLÓN POR PRESUNTA DEUDA ILEGAL
En Sudzal se encuentra una denuncia por $1 millón 35 mil pesos, relacionada con una presunta contratación ilegal de deuda pública.
El expediente aparece como investigación en curso.
CASI 40 MILLONES EN EXPEDIENTES
Si se suman únicamente los montos señalados en estos expedientes, el monto ronda los 40 millones de pesos.
Pero hay que dejar algo muy claro: una observación de la ASEY, por sí misma, no demuestra que se haya cometido un delito.
Las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador deben ser investigadas por las autoridades competentes, quienes tienen que determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales y, en su caso, proceder conforme a derecho.
Precisamente por eso la actuación de la Fiscalía Anticorrupción resulta fundamental.
Porque detectar una posible irregularidad es apenas el primer paso.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió después.
