Comuneros inconformes aseguran que el monto que recibirían fue mucho menor al anunciado inicialmente y buscarán impugnar el acuerdo aprobado en asamblea.
Un grupo de más de cien ejidatarios de Umán anunció que emprenderá acciones legales para impugnar el acuerdo mediante el cual se aprobó la compensación económica relacionada con el proyecto del gasoducto Mayakán, al considerar que el proceso presentó irregularidades y que el pago ofrecido resultó muy inferior al que les había sido informado.
Durante la asamblea ejidal en la que se sometió a consideración el convenio, los inconformes señalaron que, en un principio, se les indicó que cada beneficiario recibiría aproximadamente 11 mil pesos. Sin embargo, afirmaron que durante la reunión se les notificó que, tras la aplicación de impuestos y otros descuentos, el monto final sería cercano a 2 mil pesos por persona.
La diferencia entre ambas cantidades provocó el descontento de numerosos comuneros, quienes decidieron retirarse de la asamblea y manifestar su rechazo a las condiciones planteadas.
Los ejidatarios inconformes sostienen que el acta elaborada al término de la reunión no refleja el desacuerdo expresado por una parte importante del núcleo ejidal y afirman que no recibieron información suficiente ni clara sobre los términos del convenio antes de su aprobación.
Por ello, adelantaron que recurrirán a los mecanismos legales previstos para solicitar la revisión del procedimiento y buscar la nulidad del acuerdo, al considerar que existen elementos para impugnar la decisión tomada durante la asamblea.
A pesar de las inconformidades, los ejidatarios que permanecieron en la reunión aceptaron la compensación económica ofrecida y comenzaron a recibir los recursos correspondientes una vez que firmaron la documentación requerida.
El proyecto Mayakán forma parte de la infraestructura de transporte de gas natural que abastece a la Península de Yucatán. De acuerdo con la Ley Agraria, los acuerdos relacionados con el uso o aprovechamiento de tierras ejidales pueden ser impugnados cuando los interesados consideran que existieron presuntas irregularidades en el procedimiento o falta de información suficiente para la toma de decisiones.
El caso podría continuar por la vía legal en las próximas semanas, mientras los comuneros inconformes buscan que las autoridades competentes revisen la validez del acuerdo aprobado en la asamblea.
